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:: Nebot cuestiona las emergencias

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, insistió en la legalidad y la eficacia del funcionamiento de las fundaciones y corporaciones municipales.

Aseguró que “aquí no hay secretos, todo es transparente, no sé si ocurre lo mismo con las emergencias (decretadas por el Gobierno), no sé cuántas están auditadas ni cuántas han seguido los procedimientos contractuales propios de las emergencias para materializarlas”.

Dijo tener derecho a “hacer lo que estamos haciendo, no es una dádiva del Gobierno, la descentralización es obligatoria, él (Rafael Correa) no puede oponerse”.

“En enero vamos a eliminar a todas esas fundaciones, tanta fundación privada manejando fondos públicos”. El anuncio lo hizo el presidente Rafael Correa en su enlace radial del 8 de diciembre pasado.

“Si en enero este atentado se consuma, al menos respecto a Guayaquil, desde ya convoco a los guayaquileños a reaccionar con todas las fuerzas”, respondió inmediatamente el alcalde Jaime Nebot, en cuya administración se han creado las fundaciones Siglo XXI, Terminal Terrestre, Autoridad Aeroportuaria, Transporte Masivo (Metrovía), Aseguramiento Popular, las corporaciones Registro Civil y Seguridad Ciudadana, además de apoyar la labor de la fundación Malecón 2000, creada en la alcaldía de León Febres-Cordero.

Cuatro días después de su anuncio inicial, al tiempo de indicar que existen 19.000 fundaciones en el país, Correa manifestó que el Gobierno creará una ley de fundaciones para racionalizar su funcionamiento. Insistió, sin embargo, en la eliminación de las creadas para manejar fondos públicos.

Según el Mandatario, hay entidades “que en verdad son fundaciones de lucro sin fin y que viven solo de recursos públicos y no rinden cuentas a nadie”.

Alcaldes que defienden el trabajo y la operación de las fundaciones que manejan fondos y bienes públicos sostienen que son un modelo de desarrollo descentralizado y desconcentrado, ágil y eficiente, que suple la ineficiencia y abandono del Estado central, así como la demora en la concreción de obras y proyectos si estos fueron realizados por los municipios, por los trámites burocráticos a los que deben someterse por pertenecer al Estado.

Defienden, inclusive, su legalidad y afirman que son más reguladas y controladas que la misma función pública.

En el país no existe una ley de fundaciones, pero varios cuerpos legales las regulan.

El Código Civil, por ejemplo, en su art. 566 controla la organización, funcionamiento y disolución de las fundaciones, pero no define si las surgidas por iniciativa del Estado deben sujetarse a las normas del derecho público o privado.

De ahí que en agosto del 2000, durante el gobierno de Gustavo Noboa, se reformó el artículo 48 de la Ley de Modernización del Estado por el cual “corporaciones, fundaciones, sociedades y compañías constituidas con el aporte total o parcial de capital o bienes de propiedad de instituciones del Estado, se someterán al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de derecho privado”.

También se dispuso que estarán exentas de tributo fiscal, municipal o especial, y no causarán gravámenes, impuestos ni contribuciones.

A esa reforma le siguieron otras, como la de la Ley Orgánica de la Contraloría, publicada el 12 de junio del 2002, que establece en el art. 3 que los fondos de ese tipo de fundaciones son públicos y por tanto sujetos al control de la entidad, para cuyo efecto dictó un reglamento.

Las fundaciones que manejan fondos públicos igualmente están reguladas por la Ley de Régimen Tributario, cuyo artículo 9 dice que el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) verificará que no tengan fines de lucro, que se dediquen al cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas y que sus bienes e ingresos se destinen totalmente a sus finalidades específicas.

Existe asimismo el Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de lucro, dictado por Gustavo Noboa el 11 de septiembre del 2002, que regula la aprobación, liquidación y disolución de las fundaciones.

La Ley de Régimen Municipal también faculta a las municipalidades a participar en la conformación de entidades sin fines de lucro, individualmente o con otros cabildos o entidades del sector público. Esta ley establece que sin perjuicio de los controles ejercidos por la Contraloría, las municipalidades ejercerán la regulación y control de las obras o servicios.

Las fundaciones y corporaciones tienen además un reglamento interno y otro para contrataciones, que según especialistas en derecho administrativo son similares a la Ley de Contratación Pública, con la diferencia de que los primeros son más ágiles en los tiempos de los trámites y procedimientos.

Los reglamentos de contrataciones contemplan la intervención del Contralor y Procurador del Estado.

AME SE REÚNE
Johnny Terán, alcalde de Babahoyo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), defiende el trabajo de las fundaciones.

En el caso de su Municipalidad, mantiene una fundación que administra el malecón de Babahoyo, y una corporación que se encarga de la terminal terrestre.

“Permiten un proceso ágil y un desahogo” para el Cabildo, menciona.

“Igual sistema han adoptado algunos municipios”, agrega y dice que desde los años noventa, por problemas de tipo administrativo y falta de apoyo de los gobiernos, los organismos internacionales de cooperación empezaron a ayudar con esas formas de administración.

Afirma que el propio Gobierno maneja corporaciones, como la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana, ahora Aduanas del Ecuador). “Estos organismos han ayudado a mejorar los procesos de administración”, anota Terán, quien anuncia que hoy el Consejo Ampliado de AME se reúne para fijar su postura de defensa a las fundaciones y corporaciones.

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