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:: Fin a libertad de expresión o búsqueda de responsabilidad periodística?

Fin a libertad de expresi�n o b�squeda de responsabilidad period�stica?

Un grupo de periodistas que trabaja en el canal ecuatoriano de televisión Teleamazonas, sometido a dos procesos administrativos, anunció la creación de un Comité en defensa de la libertad de expresión de la clase periodística y de la sociedad. El comité se crea poco después de que el canal fuese sancionado, con una multa de 20 dólares, por haber transmitido imágenes taurinas antes del horario permitido.

Y cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones analiza una petición del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) para el cierre por 90 días del canal por haber transmitido en vivo, en abril, declaraciones de políticos de la oposición que afirmaban que un centro oficial del Consejo Nacional Electoral era un centro clandestino que tenía material electoral.

El gerente general de Teleamazonas, Sebastián Corral, ha pedido a la Superintendencia que se abstenga de sancionar al canal pues éste se limitó a informar de un hecho real en el que políticos daban su versión de un suceso. Si la Superintendencia da paso a la petición, en curso, ello conllevaría a la "quiebra del canal", según Carlos Jijón, uno de los periodistas que informó sobre la creación del comité. "Quitarle a una empresa el 25 por ciento de sus ingresos anuales es obligarlo a la quiebra".

Jijón, en rueda de prensa, también dijo que se ha anunciado el inicio de un nuevo proceso contra Teleamazonas por haber transmitido la preocupación de pobladores de la isla Puná ante la exploración de gas en el golfo (suroeste). Este tercer proceso, para Jijón, "tendría por objeto el cierre definitivo de Teleamazonas" a través de la reversión de la frecuencia al Estado. Y, de concretarse, se pondría en juego unas 700 plazas de empleo, entre ellas 35 vinculadas al área periodística.

"Queremos advertirle al mundo que sepa los peligros que están corriendo en este momento en el Ecuador las libertades en general, y en particular, la libertad de expresión".
De esta advertencia pareció haberse hecho eco el mismo presidente de los EE.UU., Barak Obama, quien mediante una llamada telefónica al presidente ecuatoriano Rafael Correa para felicitarle su triunfo electoral del 26 de abril, instó al respeto de la libertad de expresión.

Pero, la respuesta, fue contundente. "Aquí hay un país soberano; ¿Sabe(n) cuánto me importa lo que diga el secretario de Estado de Estados Unidos? Aquí me va a importar lo que diga el pueblo ecuatoriano", resaltó el gobernante en su enlace radio-televisivo del sábado 13 de junio.

Los medios de comunicación deben acatar la ley en este país, dijo y puntualizó que "libertad de expresión es poder opinar sin miedo pero aceptando las responsabilidades por lo que he expresado", y los medios de comunicación deben respetar la legislación vigente.

El mandatario se refiere a la Ley de Radiodifusión y Televisión expedida en 1975 en tiempos de la dictadura y que en 34 años no había sido aplicada, al menos no con el rigor con que ahora actúa. Esta Ley ya fue usada por el Presidente en el 2007 contra el diario La Hora. En ese entonces el mandatario dijo: "pues qué puedo hacer si eso refiere a ofender la majestad de la Presidencia de la República, eso está en la Ley y lo que hemos hecho es citar lo que está en la Ley cuando se ofende a la autoridad del Presidente de la República". Hoy, dice: "Aquí estamos aplicando las leyes frente a la prensa irresponsable que publica mentiras".

Y está convencido de su verdad. "¡Que gobiernos de la región no acosen a la prensa!, pide Estados Unidos. La Casa Blanca nos dijo que no seamos muchachos malcriados, así que eso es noticia de primera plana", ironizó el jefe de Estado al reiterar sus críticas a otros medios a los que acusó de tergiversar la información del gobierno. La libertad de expresión -dijo- es de todos, no de unos pocos.

¿CONTROL DE LA VERDAD?
“No hemos llamado a ningún medio a decir no publiquen esto, aquí hay absoluta libertad de expresión, pero sí creemos que debe haber responsabilidad por las cosas que se dicen y publican los periodistas", dijo el presidente Correa, en mayo del 2007, durante su cadena número décimo octava, en la cual discrepó fuertemente con el periodista de diario El Universo, Emilio Palacio, quién recibió –en la misma cadena- el apoyo de su colega Carlos Jijón, en ese entonces de Ecuavisa.

El mandatario dijo además allí que en principio es partidario de la democratización de los medios, pero que cree que no se va poder lograr que cada ecuatoriano pueda tener una acción en los medios.

Bueno, ahora sí puede. Al momento el Estado ecuatoriano posee 10 medios de comunicación que fueron incautados al grupo Isaías y que están valorados en cerca de 100 millones de dólares.

Habiendo escuchado al mandatario hablar de su ideal de que cada ecuatoriano pueda tener una acción en los medios de comunicación del país, en el 2007, lo lógico hoy en el 2009 es que escucháramos que se estaría abriendo una subasta de venta popular para que obtuviéramos esta acción, en los exmedios de los Isaías.

Pero no, no se escucha esto, más bien el 15 de junio diario El Universo publicó que la administración estatal maneja de acuerdo a sus convicciones el contenido de los 10 medios de comunicación incautados. Mediante este manejo se instruye en cuanto a invitados y enfoque de noticias.

Bueno, esto no es nuevo bajo el sol. Lo nuevo aquí es decir que esta mecánica sigue siendo la continuidad del sistema de como se ha manejado el poder desde los medios de comunicación. Estamos hablando del poder de información, obviamente, pero que ha dado a quienes lo poseen un poder aún mayor que el político. Y esto lo sabe Correa y por eso en el 2007 dijo “…cuando alguien comete un error y miente, más si es un político como los ex diputados y el ex presidente Lucio Gutiérrez, no me importa, pues nadie les cree, pero cuando un medio de comunicación miente, es distinto…” .

En julio del 2008, el Gobierno anunció que al menos 229 emisoras de radio y televisión están sometidas a un proceso de reversión de sus frecuencias al Estado por incumplir la ley de Radiodifusión. El presidente del Conartel de ese entonces, Jorge Yunda, indicó que el número de medios podrían ser más, toda vez que la Contraloría General del Estado solicitó se revise a 354 emisoras.

Las transgresiones a la Ley se referían a operar con características distintas a las autorizadas y administrativas como suspender las emisiones por más de 8 días consecutivos sin autorización. En este saneamiento cayó Radio Sucre, clausurada por operar en otra frecuencia a la establecida y 11 otras radios a las que no se renovó la concesión. (En marzo del 2009 Sucre volvió al aire y durante la campaña entrevistó al mandatario que era candidato).

En enero del 2009, el Conartel anunció la entrada en vigor de una norma que busca regular la difusión de encuestas en los medios de comunicación, que puedan ser consideradas tendenciosas, empíricas o que dañen la honra de las personas.

Antonio García, presidente de Conartel, insistió en que la norma se basó en las denuncias de ciudadanos contra dos canales de televisión, que no identificó, y que supuestamente difundieron sondeos de opinión tendenciosos. Puso como ejemplo sondeos hechos por medios de información en los que se preguntan a los ciudadanos si creen que una persona es corrupta o no. "Cualquiera que sea el resultado, esa persona ya sale perjudicada". Según García, la regulación no prohíbe las encuestas que tengan rigor científico, estadístico y cuyos resultados puedan ser verificados por la ciudadanía y las autoridades de control.

De su parte, el Supertel, en los dos años y 5 meses de gobierno de Correa ha abierto procesos administrativos por control de programación contra 5 estaciones de TV y 2 de radio. Estos procesos alcanzaron al mismo Ecuador TV por haber difundido la muerte del líder socialcristiano León Febres Cordero, 15 días antes de que éste falleciera.

Es de señalar que por estos procesos, los medios afectados no presentaron apelación alguna, a excepción de Teleamazonas, el cual a propósito podría tener sus días contados. En octubre del 2010, los grupos financieros deberán dejar de poseer acciones en medios de comunicación, según una transitoria de la Carta Magna.

La Verdad

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