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:: Alcaldes iran a Montecristi para defender sus recursos

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se reunirá el viernes con la Mesa de Legislación de la Asamblea Constituyente para exponer sus objeciones al proyecto de reforma tributaria que plantea, entre otras modificaciones, la eliminación del 15% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las telecomunicaciones y las donaciones del 25% del impuesto a la renta.

El artículo 89 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que las dos terceras partes del ICE se asignarán a los organismos seccionales que provean el servicio de agua potable en los cantones del país.

La tercera parte restante, según el cuerpo legal vigente, se acredita a la cuenta que el Consejo Nacional del Deporte tiene en el Banco Central.

El Gobierno aspira a recaudar unos $ 210 millones por concepto de ese rubro: $ 130 millones los restaría a los municipios y $ 80 millones al deporte, según las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las donaciones de impuesto a la renta están asignadas a los municipios, las universidades estatales y particulares; y otros organismos como el Fondo de Desarrollo del Magisterio. En el caso de los municipios, dejarían de recibir $ 190 millones.

Los alcaldes decidieron adelantar su sesión extraordinaria, inicialmente prevista para enero. La realizarán en Manta el próximo 27 de diciembre.

Tras la cita se movilizarán hacia Montecristi para ser recibidos en comisión general por la plenaria de la Constituyente. “Es una fecha difícil, pero trataremos de convocar a la mayoría de alcaldes”, dijo Terán.

El concejal de Quito, Augusto Barrera, nexo entre el Gobierno y la Asamblea, explicó que los alcaldes no deben preocuparse porque “no hay el menor interés en afectar los recursos de ninguna de las ciudades”.

“Claramente está planteado que, si hay modificaciones al ICE, esos recursos van a ser restituidos con el presupuesto del Estado. Esto quiere decir que no se va a afectar la provisión del agua potable”.

Para León Roldós (RED), sin embargo, este tema sí es preocupante. El integrante de la Mesa Legislativa –que tramitará las reformas– señala que la eliminación de las preasignaciones es una forma de volver al “centralismo financiero”, sobre todo, por los logros que en materia de autonomía financiera habían obtenido las universidades y escuelas politécnicas.

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