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En un hito para cumplir con el Derecho Constitucional a la Privacidad que tienen un ser humano, el Gobierno ecuatoriano ha prohibido por decreto la difusión en los medios de comunicación de imágenes y fotografías de sucesos violentos, como accidentes, crímenes y muertes.
La decisión fue adoptada junto a otras autoridades como el fiscal de la Nación, Washington Pesantez; el comandante general de la Policía, Jaime Hurtado; el Ministro de Justicia, Gustavo Jalk; y el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez.
En los últimos años la gran mayoría de la prensa ecuatoriana ha llenado sus espacios de imágenes de gente accidentada o muerta como una forma de incrementar sus ventas o raiting y hacer más dinero, violando expresamente un derecho constitucional que garantiza la “privacidad” de la persona, algo que los medios irrespetan en forma flagrante y abusiva.
Incluso han aflorado medios “especializados” en fotos y escenas violentas y sangrientas que han alcanzado gran tiraje o sintonía. Estos medios deben ser enjuiciados tanto por los heridos que son fotografiados sin su autorización, así como por los parientes de los muertos que llenan páginas llenas de sangre que se han convertido en una “Escuela de violencia” para las nuevas generaciones.
Estos medios llegan a pagar hasta 50 dólares por colgar de nuevo del cuello a una persona que se ahorcó y que sus parientes (pobres) ya la habían bajado.
Potencian la violencia, pues muchos delincuentes, compiten entre ellos por salir en la noticia de mayor tamaño. Así si un asesino es fotografiado y llenó una página por haber asesinado a 3 personas, inmediatamente otro criminal se propone asesinar a 4 o 5 seres humanos, para “ganarle” al anterior.
Lo que inicialmente se vio como un ”buen negocio” al difundir imágenes de muertos y heridos, luego se convirtió en herramienta política contra el Gobierno y los medios han aumentado drásticamente sus secciones de crónica roja, para vender una percepción de gran inseguridad bajo este gobierno, pero en la realidad no sólo que logran que esa percepción aumente, sino que disparan los índices de criminalidad, pues el mensaje que se envía a los delincuentes es que el ambiente actual es propicio para delinquir, como en efecto sucede en las ciudades grandes.
Es claro que el Decreto gubernamental que impide esta difusión de imágenes violentas, tiene un tinte político, pero es seguro que los índices de criminalidad bajarán, principalmente en las ciudades en donde la prensa roja es muy leída y escuchada.
En las ciudades pequeñas en donde no circulan los medios violentos, la delincuencia es mínima o no existente, lo que demuestra que la prensa ecuatoriana no sólo difunde la violencia sino que la genera, la recrea, la potencia y eventualmente también es víctima de la misma.
Es tal la generalizada búsqueda de rentabilidad en la difusión de la violencia, que en Ecuador no existen periodistas especializados en ciencias, educación, medio ambiente, ecología, historia o lenguaje. Los jóvenes periodistas recién graduados buscan ingresar a los submundos más bajos de la violencia para llamar la atención y hacer dinero para así salir de los bajos salarios que pagan los medios de comunicación que en general redundan en violencia, política y farándula, lo que hace que Ecuador tenga una prensa vestida de rojo y de rosa.
El Gobierno debe poner a disposición de los ciudadanos, sitios en los cuales se reciba el asesoramiento jurídico para enjuiciar a los periodistas y medios que hacen dinero burlándose del Derecho Constitucional a la Privacidad y manchando la imagen de Ecuador, que sufre una sería afectación en el flujo de turistas, debido a este percepción de país violento que ha construido la prensa de Ecuador con la sola finalidad de obtener mayores ganancias económicas.
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