“De esa manera se conseguiría un escenario de sano crecimiento de depósitos y crédito para que, a largo plazo, las tasas de interés se reduzcan”.

Santiago Rivadeneira, ex presidente del Banco Solidario, manifestó que el proyecto es un reflejo de la política que está instaurando el Gobierno, a través de la Asamblea Constituyente donde se intenta poner a la banca en la categoría de servicio público, “a fin de poder manejarla a su antojo”.

Insistió que si el objetivo del Gobierno es lograr la reducción de la tasa de interés, con el recorte de tributos a instituciones benéficas como la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) o a la Junta de Beneficencia, no lo conseguirá, porque no se toparon temas como los aportes de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) que son montos más representativos (el 6,5 por mil de los depósitos, que sumaron 11.989 millones, al cierre de abril de este año).

“Si bien es una forma de eliminar un costo, hay otros valores como las cuotas que los bancos dan a la AGD y aquellos aportes que se dan para sostener la burocracia. Esos gastos son los que más influyen en la tasa de interés y que no están siendo corregidos de manera debida”, enfatizó Rivadeneira.

Joselo Andrade, analista económico, sí considera positivo el recorte de los tributos de los cuales se benefician entidades como Solca o el Innfa, que los pagan los clientes de la banca, y que encarecen el crédito. “Toda medida que signifique reducción de tributos es dinámica. Sin embargo, dice, hay que aclarar de qué manera se garantizarán esos ingresos”.

Una apreciación similar tiene Ingrid Macui, catedrática de la Universidad de Guayaquil. Agrega que el Gobierno no debe fiarse de los ingresos petroleros para suplir esos flujos, “pues el crudo no siempre se mantendrá en niveles altos”, dice.

Andrade resalta que la reducción de las tasas de interés es más efectiva cuando el mercado nacional se integra financieramente al exterior. (BHS/WMA)

>> banqueros cautos por fuero

El fondo se invertirá afuera

Los recursos del Fondo de Liquidez se invertirán en activos externos de alta liquidez.
Así lo refleja un extracto de la ley de Red de Seguridad Financiera. Además resalta que los activos deberán contar con una calificación “internacional” AA, o superior.

En cuanto al manejo de ese fondo de liquidez, a través de un fideicomiso mercantil, administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN), están de acuerdo en que debe tener la participación de los representantes del sistema financiero privado, a fin de que se conozcan los pormenores del fondo y se tomen decisiones en conjunto con los representantes estatales. Según la ley, dos de los seis directores, serán representantes de la banca.

“Más que la entidad que maneje el fondo, lo importante es que este esté ajeno a cualquier intervención y que sirvan para que los recursos se vayan acumulando poco a poco, para darles una fuente de liquidez al sistema financiero cuando este lo requiera”, manifestó Pozo.

Los ejecutivos se mostraron cautos respecto al blindaje que intenta dar la nueva ley a la Junta Bancaria otorgándole fuero de corte. Fernando Pozo manifestó que esa es una nueva alternativa y que ha tenido éxito en países donde eso se ha aplicado. Sin embargo, insistió que la clave está en que los funcionarios deben manejar el tema con una visión absolutamente técnica y sin que se genere una influencia del Gobierno de turno