Los resultados reflejan una percepción positiva: el 71% de los entrevistados opina que ha mejorado la atención en los trámites, no obstante la mayoría (53%) cree que no ha disminuido la corrupción en la CTG.

Pero esto no ha sido por falta de recursos, al menos desde el 2003.

Desde esta fecha, la CTG ha guardado recursos por un monto que actualmente alcanza los 28 millones de dólares en el presupuesto del 2008. Estos dineros o saldos no se han usado, por ejemplo, en intensificar campañas de educación vial, señalética en zonas marginales y rurales y en agilizar procesos dentro de la entidad que disminuyan la corrupción.

De los $ 85,2 millones del presupuesto para este año, el 33% proviene de esos saldos acumulados, fondos que según el director de la CTG, Ricardo Antón, se usarán ahora para financiar su megaproyecto de reingeniería, que plantea entre sus metas reducir al 10% el personal corrupto en febrero del 2010, dotar de minicomputadoras a los vigilantes para registrar las multas y construir el nuevo edificio de la entidad.

Estas metas también se financiarán en el 40% (33 millones de dólares) con recursos de los bolsillos de los usuarios. La CTG, compuesta por un directorio gubernamental, elevó este año sus tarifas, costos que le significarán ingresos adicionales por unos 700 mil dólares.

Algunos logros de la reingeniería, dice Antón, ya son visibles. “Vayan en este momento a matriculación, no se demoran ni cinco minutos”, indica sentado en su despacho, desde donde controla 20 monitores que vigilan las áreas de la CTG para, dice, “detectar focos de corrupción”.
En total hay 120 cámaras dentro de la institución.

No obstante, en las afueras persisten los tramitadores. A las oficinas de licencias van usuarios que dicen tener “contactos” o “padrinos” para obtener sus documentos. “Les decimos que no tienen que pagar a nadie, que no nos responsabilizamos”, expresa Cinthya Fey, examinadora teórica en esa área, en la que a diario 30 conductores reprueban los exámenes.

También hay choferes que reclaman la demora en procedimientos como la reposición de sus automotores. “Hay 300 unidades que esperan reposición.
Se prometió que en 20 o 25 días ya estaría un carro repuesto, pero hay compañeros que tienen 4 y 5 meses con permisos provisionales”, se queja Georgie Mera, dirigente de los taxis.

Antón promete una solución entre febrero y marzo y que él solo responde desde que asumió su gestión, el 4 de febrero del 2007.
“Bajamos de 20 a 12 los pasos para el trámite”, indica.

El plan de reingeniería, que empezó el mayo del año pasado, incluyó también el aumento en enero del 23,8% de los sueldos a los 2.000 vigilantes. Pero en cambio, dicen los usuarios, falta invertir más en educación vial. “Un conductor provoca un accidente porque no está bien formado, quién es el responsable, quién le dio la licencia”, dice Rosa Ganchoso, comerciante informal que saca copias en los alrededores de la entidad.

Un informe del Consejo Nacional de Tránsito indica que el 93% de los accidentes se debe a la imprudencia de los conductores, al exceso de velocidad, la competencia y la embriaguez.

Del otro lado están los choferes, quienes piden que la CTG aplique la Ley de Tránsito a los peatones, quintos responsables de las tragedias en las vías.

Detalles
Reingeniería

Matriculación.
Desde el próximo 1 de febrero se tomará la fotografía al vehículo que se matricule en la Comisión de Tránsito.

Citaciones.
Este año se convocará a licitación para la compra de minicomputadoras en las que se anotarán las citaciones.

Edificio central.
La Comisión de Tránsito planea construir un nuevo edificio al norte de la ciudad, en un área aún por definir.

Destacamentos.
En Lomas de Sargentillo se creará un destacamento en un terreno donado hace 17 años y que no lo había utilizado la CTG.

Parque vial.
Este año estaría listo el nuevo parque vial (similar al de Quito), con la señalética, para la toma de exámenes.

Cifras
PROVINCIA

Vehículos
Guayas tiene el parque automotor más grande del país: 300 mil unidades.

Citaciones
La CTG debe controlar una masa de conductores infractores, que al año suman 180 mil citaciones.