Guayaquil Caliente: Las cartas de invitación para viajar a España están bajo sospecha

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Febrero 18, 2004

Las cartas de invitación para viajar a España están bajo sospecha

En España, la batalla contra la inmigración clandestina se libra desde todos los frentes. El régimen de José María Aznar está en pie de guerra y se muestra dispuesto a desenmascarar a los inmigrantes “ilegales” que bajo la apariencia de turistas se valgan de cartas de invitación para burlar los controles fronterizos.

Desde el 1 de noviembre, los notarios –funcionarios encargados de avalar estas misivas- facilitan a los cuerpos policiales una copia de las actas formalizadas a favor de nacionales de terceros países interesados en visitar la Península.

En las cartas –que hasta ahora no permanecían bajo el control de las fuerzas de seguridad- constan detallados los datos del ciudadano que extiende la invitación así como de la persona que emprenderá el viaje rumbo a España.

La Administración acordó la medida con el Consejo General del Notariado en un intento por combatir a las mafias que trafican con seres humanos.

El ente remitió una circular “confidencial” –la 3/2003- en la que se establecen las directrices a seguir, no sin antes recalcar “la importancia que tiene en la actualidad el control de flujos migratorios y, en especial, la entrada de extranjeros en territorio español”.

En el texto se advierte que “los documentos públicos de invitación a extranjeros son un objeto potencial de las redes de delincuencia organizada”.

De hecho, la última organización dedicada al tráfico de ecuatorianos que desarticuló la Policía española, la primera semana de enero en Alicante, se valía de cartas de invitación para que sus víctimas consigan franquear sin inconvenientes la criba que efectúan los uniformados en los diferentes aeropuertos.

Fuentes del Ministerio del Interior precisan que en sus archivos reposan registros de individuos que han suscrito más de 50 misivas.

El protocolo de colaboración rubricado entre los notarios y los cuerpos de seguridad habla de la creación del programa Vigía: “un sistema electrónico que permitirá a las autoridades españolas confirmar ‘on line’ los casos dudosos de documentos notariales de invitación, exhibidos durante el control de fronteras” y las interrogantes que “pudieran plantearse en las comisarías de fronteras acerca de la autenticidad del documento”.

Con el propósito de evitar la vulneración de la Ley de Protección de Datos, los profesionales deben incluir en el acta de visita la siguiente cláusula: “...las personas comparecientes me requieren, a mí el notario, de forma expresa y voluntaria, para que comunique por vía telemática, la autorización de la presente acta, incluidos los datos de carácter personal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Si el solicitante no aprueba la inclusión del párrafo que consiente el envío de los datos al Ministerio del Interior, el notario denegará efectuar la redacción y autorización del escrito.

El acuerdo motivó a Comisiones Obreras a extender una queja ante el Defensor del Pueblo. Para el sindicato “esta práctica es inaceptable”.

Para el Consejo General del Notariado la medida viene impuesta como consecuencia del “surgimiento de un mercado negro por parte de las mafias organizadas y el alarmante aumento de actas falsificadas”.

Más control
La obligatoriedad. Los notarios deben remitir todas las invitaciones a extranjeros o aquellas actas que adopten la forma de escrituras , excepto las de reagrupación familiar.

Los implicados. Las cartas de invitación las puede suscribir un ciudadano español o un extranjero que cuente con su documentación en regla.

El precio. El coste de las misivas ante un notario oscila entre los 50 y los 55 euros.

Más formas para fichar
Con vigencia, el 22 de diciembre, de las modificaciones a la Ley de Extranjería, el Gobierno intenta frenar el flujo clandestino de personas. Uno de los objetivos apunta a frenar las “rutas calientes”, es decir, aquellos vuelos repletos de inmigrantes camuflados de turistas. Las aerolíneas, cuando así lo determinen las autoridades, remitirán datos personales de los pasajeros que pretenden desplazarse a la Península e informarán sobre los billetes de vuelta no utilizados.

Respecto a la cesión a la Policía de los datos de los padrones municipales, en el Ministerio del Interior afirma que no servirá para “cazar ilegales”. Pero sí para localizar a sospechosos de delitos o para ejecutar resoluciones como las órdenes de expulsión.

El Consejo General de la Abogacía considera que estos preceptos violan el derecho al honor y la intimidad contemplado en la Constitución de España. Por esto pidieron al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma legal.

Guayaquil Febrero 18, 2004 11:39 AM

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